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Dividir para ganar: ¿Por qué es clave la división por lotes en la contratación pública?


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En el complejo mundo de la contratación pública, uno de los principios más importantes —y a menudo olvidado— es el de división por lotes. Aunque a primera vista pueda parecer una simple decisión técnica, lo cierto es que esta práctica es clave para garantizar una contratación más inclusiva, eficiente y competitiva.


¿Qué significa dividir por lotes?

Dividir un contrato en lotes consiste en fragmentarlo en varias partes autónomas, que pueden adjudicarse y ejecutarse por separado. Esto puede hacerse por criterios geográficos, funcionales,
temporales o de especialidad.
Por ejemplo, un contrato para el mantenimiento de edificios municipales puede dividirse por zonas
(norte, sur, centro) o por tipo de servicio (electricidad, fontanería, climatización).


¿Es una obligación o una opción?
Desde la entrada en vigor de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), la división por lotes no es solo una posibilidad, sino una obligación, salvo que existan razones objetivas que lo justifiquen. El artículo 99.3 LCSP impone esta obligación a fin de fomentar la participación de pequeñas y medianas empresas (PYMEs), que de otro modo no podrían competir con grandes corporaciones.
En otras palabras, la regla general es dividir, y la excepción debe estar motivada y justificada.


¿Por qué es tan importante?
Porque permite democratizar el acceso a la contratación pública:

  • Favorece a las PYMEs, que no tienen capacidad para asumir contratos de gran volumen.
  • Aumenta la concurrencia, lo que mejora la calidad de las ofertas.
  • Impulsa el desarrollo local, ya que empresas de menor tamaño o de ámbito comarcal pueden  articipar.

Además, dividir bien puede mejorar la gestión del contrato, haciendo más ágil el seguimiento, la supervisión y la corrección de incumplimientos.


¿Cuándo se puede evitar dividir?
Existen motivos que podrían justificar la no división por lotes, como:

  • La imposibilidad técnica o funcional de separar el objeto del contrato.
  • Riesgos de pérdida de eficiencia o aumento de costes.
  • Problemas de coordinación o dificultades para garantizar la calidad del servicio si hay varios adjudicatarios.

En todo caso, estas razones deben constar de forma expresa y motivada en el expediente de
contratación.


Consejos para aplicar bien la división por lotes

  • Planifica desde el principio: la decisión sobre los lotes debe formar parte del diseño inicial del contrato.
  • Consulta al mercado: las empresas pueden aportar ideas útiles sobre cómo dividir el objeto del contrato.
  • Sé coherente: la división debe tener sentido económico, técnico y operativo.


En resumen...
La división por lotes no es solo una
cuestión técnica: es una estrategia para
una contratación más justa, eficiente y
competitiva. Respetarla no solo cumple la
ley, sino que transforma la contratación
pública en una palanca real de desarrollo
económico y social.

Del contrato al impacto: la revolución estratégica de la contratación pública en España

 'Here to stay' – the rising prominence of social value in public ...

 

I. Introducción

La contratación pública ya no es solo un mecanismo de adquisición de bienes y servicios. En la actualidad, se ha transformado en un instrumento estratégico al servicio de políticas públicas de gran calado: sostenibilidad, igualdad, innovación y desarrollo económico. La Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público (LCSP), junto con la doctrina de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado (JCCPE) y la reciente jurisprudencia, han trazado una nueva hoja de ruta que obliga a todos los operadores jurídicos a repensar cómo se licita y se ejecuta.

II. De la eficiencia a la estrategia: un cambio de paradigma

Tradicionalmente, la contratación pública ha estado centrada en la eficiencia económica. No obstante, la LCSP introduce una filosofía renovada al incorporar conceptos como la contratación estratégica (art. 1.3 LCSP) y la mejor relación calidad-precio (art. 145 LCSP). Esta transformación no es meramente terminológica: implica integrar criterios sociales, medioambientales y de innovación en todas las fases del ciclo contractual.

Criterios cualitativos y auditoría externa

El Informe 89/21 de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estdo legitima la posibilidad de introducir auditorías externas como criterio de adjudicación, siempre que estén vinculadas al objeto del contrato y formuladas de manera objetiva. Este planteamiento ofrece una solución eficaz a la insuficiencia de medios del órgano de contratación para supervisar condiciones laborales, especialmente en contratos de servicios complejos.

III. Planes de igualdad y nuevas prohibiciones para contratar

Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 2/2024, se refuerzan los mecanismos de control en materia de igualdad. Desde ahora, constituye prohibición para contratar la falta de Plan de Igualdad inscrito en empresas con más de 50 trabajadores, conforme al artículo 71.1.d) LCSP modificado. Este cambio introduce un fuerte componente de responsabilidad social empresarial en la contratación pública.

IV. Criterios de adjudicación y solvencia: precisión y proporcionalidad

La doctrina actual incide en la exigencia de formular criterios de adjudicación que cumplan con los principios de objetividad, transparencia y proporcionalidad (art. 145.5 LCSP), evitando la arbitrariedad y garantizando la libre concurrencia. A su vez, se refuerza el análisis de solvencia técnica y profesional con enfoques flexibles pero rigurosos, especialmente en contratos que impliquen prestaciones intelectuales.

V. Conclusión: ¿hacia dónde va la contratación pública?

La contratación pública en España transita hacia un modelo estratégico, evaluador y transparente. La incorporación de elementos como auditorías externas, planes de igualdad o criterios de sostenibilidad no debe entenderse como un obstáculo, sino como una oportunidad para alinear el gasto público con los valores democráticos y los objetivos de desarrollo sostenible.

En este nuevo escenario, el conocimiento normativo, la formación técnica y la cultura jurídica son las herramientas esenciales para que los operadores públicos no solo cumplan la legalidad, sino que lideren el cambio.