Introducción.
La contratación pública representa una de las herramientas más potentes de las Administraciones Públicas para impulsar políticas públicas. La Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, otorga un marco jurídico que permite integrar criterios sociales e incentivar la innovación en los contratos de obras, servicios y suministros. Sin embargo, la implementación efectiva de estas medidas a menudo enfrenta barreras prácticas, como la escasa voluntad política y la falta de herramientas claras de evaluación. Este ensayo busca analizar los desafíos para la aplicación de estas cláusulas y proponer un modelo práctico de evaluación basado en puntuaciones cuantitativas, así como reformas normativas necesarias para garantizar su eficacia.
Marco conceptual y normativo.
La Ley 9/2017 establece la obligatoriedad de integrar objetivos sociales en los procedimientos de contratación pública, alineándose con las Directivas Europeas 2014/24/UE y 2014/25/UE. Estos criterios sociales incluyen aspectos como la inclusión laboral de colectivos desfavorecidos, la promoción de la igualdad de género y la mejora de las condiciones laborales.
Por otro lado, la innovación tecnológica se posiciona como un catalizador para optimizar procesos y reducir costes en los contratos públicos. Sin embargo, la normativa carece de directrices específicas sobre cómo integrar y evaluar estos elementos de manera sistemática, dejando un margen de interpretación amplio que puede dificultar su aplicación práctica.
Casos prácticos en España
A pesar de las limitaciones, existen ejemplos destacables de contrataciones que han integrado con éxito criterios sociales e innovación tecnológica:
1. Ayuntamiento de Barcelona: En licitaciones de servicios de limpieza, se incluyeron cláusulas para la inclusión laboral de personas en situación de exclusión social, estableciendo porcentajes mínimos obligatorios de contratación.
2. Junta de Andalucía: En contratos de obras, se priorizaron propuestas que incorporaron tecnologías innovadoras para la monitorización en tiempo real del consumo energético, alineándose con los objetivos de eficiencia energética.
El análisis de estos casos revela que la voluntad política y el compromiso técnico son factores determinantes para el éxito de estas iniciativas.
Desafíos prácticos
La aplicación de cláusulas sociales e innovación enfrenta numerosos desafíos:
1. Escasa voluntad política: En muchos casos, los criterios sociales son percibidos como un obstáculo burocrático en lugar de una oportunidad para generar impacto.
2. Falta de formación técnica: Los responsables de contratación carecen de capacitación para identificar y evaluar propuestas innovadoras.
3. Evaluación subjetiva: La ausencia de herramientas estandarizadas genera inconsistencias en la valoración de las ofertas, afectando la transparencia y objetividad del proceso.
Propuesta práctica: Modelo de evaluación cuantitativa
Para superar estas barreras, sería interesante establecer un modelo de evaluación basado en puntuaciones cuantitativas que permita medir de forma objetiva el impacto de las propuestas sostenibles e innovadoras:
1. Definición de indicadores clave:
- Criterios sociales: Número de empleos creados para colectivos vulnerables, porcentaje de contrataciones fijas, entre otros.
- Innovación tecnológica: Nivel de tecnología propuesta (evaluado en función de una escala predefinida), impacto en la eficiencia del contrato.
2. Asignación de ponderaciones:
- Cada indicador se ponderará en función de su relevancia para el objetivo del contrato, garantizando la proporcionalidad y transparencia.
3. Matriz de evaluación:
- Diseño de una matriz que permita asignar puntuaciones objetivas a cada oferta, basada en los indicadores definidos. Esta matriz podría ser automatizada mediante herramientas tecnológicas para facilitar su aplicación.
Mejores prácticas
El apartado de mejores prácticas incluirá ejemplos concretos de éxito, como el empleo de plataformas electrónicas para la presentación de ofertas que integren funcionalidades para la evaluación automatizada de criterios sociales y tecnológicos. Además, se destacarán programas de formación diseñados para técnicos de contratación en distintas comunidades autónomas.
Conclusión y propuestas de reforma normativa
Para garantizar la implementación efectiva de los criterios sociales y de innovación tecnológica en los contratos públicos, es esencial:
1. Reformas normativas: - Introducir directrices claras y obligatorias en la Ley 9/2017 que especifiquen cómo integrar y evaluar estos criterios.
- Fomentar la inclusión de clausulados modelo que sirvan de referencia para los técnicos de contratación.
2. Formación y capacitación:
- Diseñar programas de formación específicos para personal de contratación pública, con un enfoque práctico en sostenibilidad e innovación.
3. Promoción de herramientas tecnológicas:
- Desarrollar plataformas que integren matrices de evaluación automatizadas para garantizar la objetividad y transparencia.
En resumen, la contratación pública puede y debe ser una herramienta efectiva para impulsar cambios sociales y tecnológicos. Sin embargo, su éxito dependerá de la voluntad de las administraciones para priorizar estas medidas y dotarse de los recursos normativos y técnicos necesarios.